¡NO! AL TRATADO DE LIBRE COMERCIO E INVERSIONES ENTRE EE.UU Y LA UNIÓN EUROPEA. (TTIP)
El TTIP, es un tratado de libre comercio e inversiones,
que se está negociando en secreto,
entre la U.E. y EE.UU.
El objetivo es que las negociaciones se lleven a cabo lo más
rápidamente posible, con el fin de que los detalles del Tratado no lleguen a la
opinión pública y la ciudadanía europea descubra la envergadura de la amenaza
que supone el TTIP.
Destacar que los europarlamentarios tienen acceso restringido
a la documentación y no pueden conocer al detalle los documentos que se están
negociando, especialmente las propuestas norteamericanas.
Como han admitido los propios funcionarios que negocian, la
finalidad es eliminar las barreras protectoras que limitan los beneficios
potenciales de las empresas multinacionales. Barreras que son en realidad normativas protectoras de derechos sociales,
medioambientales, laborales, de seguridad alimentaria, de privacidad en
internet, e incluso las nuevas garantías que se han introducido en el ámbito
bancario para prevenir crisis financieras como la que padecemos.
El TTIP pretende crear nuevos mercados, abriendo el sector de
los servicios y la contratación pública a las empresas multinacionales,
amenazando con privatizar totalmente sectores como la sanidad y la educación.
Pero hay dos aspectos del TTIP que son de lo más preocupante, pues pretende
conceder al capital multinacional un status equiparable al del Estado Nación. El primero es el Consejo de Cooperación Reguladora, mediante
el cual las empresas podrán revisar actuales o futuras normas o
leyes laborales, medioambientales, de protección alimentaria, etc. para
modificarlas a su favor.
El segundo es que en
caso de que los Estados legislen sin “consensuar” dichas leyes, se introduce la
Disposición
para la Resolución de Disputas, ( ISDS) por sus siglas en inglés, que
implica que si un Estado legisla normas laborales, medioambientales, de
seguridad alimentaria o de protección de servicios públicos, en el mejor
interés de cada nación, las empresas podrán
reclamar indemnizaciones a través de un sistema de justicia privado,
fuera de control de los Estados, que generalmente sentencian siempre a favor de
dichas empresas. El sesgo a favor del mundo de los negocios ha hecho que el
propio diario The Economist, denuncie el arbitraje por ser excesivamente
proempresarial y la ONU y el FMI han reconocido que introducir esta cláusula
ISDS, limita seriamente la capacidad de los Estados para legislar en favor de
la ciudadanía.
En contra del triunfalismo con que intenta convencernos la
Comisión Europea, (vaticina una inyección
de hasta 119.000 millones de euros, la creación de cientos de miles puestos de
trabajo, y un aumento del 0,5% del PIB), el estudio de la Tufts University de Massachusetts, (EE:UU), dibuja
un panorama totalmente opuesto: la implantación del TTIP podría suponer
la pérdida de hasta 600.000 empleos en
Europa, además de una renuncia a la soberanía de los Estados en
muchas áreas, inestabilidad económica y una caída del PIB.
Todo ello pone en peligro la facultad soberana de los Estados,
anula la capacidad de los parlamentos para proteger a la ciudadanía y convierte
la democracia en una mera caricatura.
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